Se solidariza CDHDF con el padre Alejandro Solalinde
Notimex
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14 de Mayo, 2012
El organismo destacó que según diversas notas periodísticas, Solalinde Guerra decidió "abandonar" sus labores a favor de los indocumentados por tiempo indeterminado, derivado de las múltiples amenazas de muerte que ha recibido sin que hasta ahora se haya dado con los responsables.
México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidarizó con el coordinador de la Pastoral Social de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, padre Alejandro Solalinde.
El organismo destacó que según diversas notas periodísticas, Solalinde Guerra decidió "abandonar" sus labores a favor de los indocumentados por tiempo indeterminado, derivado de las múltiples amenazas de muerte que ha recibido sin que hasta ahora se haya dado con los responsables.
En un comunicado, la CDHDF recordó que en múltiples ocasiones se ha pronunciado para que se brindara protección y apoyo al padre Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino.
De acuerdo con la información difundida por la organización Movilidad Humana, el retiro del padre Solalinde de la región de Ixtepec, Oaxaca, constituye una acción de autoprotección, dado que el nivel y el número de agresiones han ido en aumento.
La Comisión condenó los hechos que han dado pie al retiro temporal del sacerdote, quien ha desempeñado el ejercicio del derecho a defender las garantías fundamentales de los migrantes.
El organismo consideró que la vulnerabilidad a la que se enfrentan dichos activistas en este país les obliga, en muchos casos, a abandonar las labores de defensa de los derechos humanos, situación que daña a toda la población pues sin ellos de poco sirven las garantías fundamentales.
En ese sentido calificó como ejemplar la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que ha realizado el sacerdote Solalinde, y debería extrañar que sus acciones en favor de las personas migrantes hayan devenido en amenazas de muerte contra él y los integrantes del albergue "Hermanos en el camino".
La CDHDF destacó que el hecho de que las personas defensoras renuncien a su labor es gran pérdida para la ciudadanía, que obliga al Estado mexicano a recapacitar sobre sus obligaciones para garantizar el derecho a defender las garantías fundamentales, del que goza cualquier persona en el país.
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