La historia en breve.

Las premisas para descalificar una encuesta son simples: (a) la empresa y medio que la difunden no corren ningún riesgo; (b) el ciudadano es un estúpido incapaz de discernir. Conclusión: la empresa trampea las cifras "según sus intereses" y hace del votante una víctima de la "manipulación informativa".

Ese insulto a empresas y electores es comprensible si viene de la desesperación de los candidatos desfavorecidos por los números, o de la militancia atrincherada en el anonimato de las redes sociales. El problema es cuando los consejeros del IFE asumen el silogismo y afirman que hay resultados "que no se corresponden con la realidad". ¡Realidad! ¿Con qué realidad, consejeros?

Ya es un exceso que las encuestadoras sometan su metodología al IFE. Pero que tres consejeros (de acuerdo con La Jornada) "estén preocupados por la creciente publicación de supuestas tendencias de votación con deficiencias metodológicas", y que uno de ellos proponga "un foro para subsanar el ‘déficit’ al que se enfrenta el ciudadano", es un horror: miedo a la información, descalificación a priori.

¿De quién es el problema si, por ejemplo, una encuesta pone hoy en primer lugar a Josefina Vázquez Mota con 10 puntos de ventaja? No es del elector, a menos que, insisto, se le considere un estúpido. ¿Del IFE? No, el problema sería de quien se atreva a difundir esa sandez.

Más que foros de descalificación a priori, el IFE podría armar uno a posteriori para dejar constancia de quién hizo bien el trabajo y quién no.

La encuesta electoral es un ejercicio empírico probado. Ay de aquella encuestadora, de aquel medio, que se equivoque en esta intemperie de linchamiento.

Con o sin IFE.