Luego de la decisión del Juez Felipe Consuelo Soto de negar el derecho que, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, los acreedores pueden nombrar a un interventor que vigile la conducción del procedimiento del concurso mercantil de Mexicana de Aviación.

Luego de la decisión del Juez Felipe Consuelo Soto de negar el derecho que, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, los acreedores pueden nombrar a un interventor que vigile la conducción del procedimiento del concurso mercantil de Mexicana de Aviación.

A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que tanto él como los acreedores de dicha empresa, que representan más del diez por ciento de la deuda sujeta a concurso y que solicitaron la designación del interventor recusado, realizan las siguientes acciones:

Han presentado una nueva queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del Juez al contravenir el artículo 63 de la Ley de Concursos Mercantiles que garantiza el derecho de cualquier acreedor o acreedores que representen más del diez por ciento de la deuda de la empresa concursada a solicitar la designación de un interventor. Además, el Juez retrasó más de cuatro meses su resolución sobre esta solicitud.

Detallaron que se abundó sobre la queja ya presentada con anterioridad contra el Juez Consuelo, quien ha extendido de manera ilegal más de 365 días naturales el periodo de conciliación, pues el 8 febrero de 2012 el Juez resolvió suspender indefinidamente el concurso mercantil argumentando la inminente capitalización de la empresa, así como la suscripción del convenio concursal.

Es así como enfatizó el AICM que actualmente la situación de Mexicana de Aviación no ha cambiado, pues continúa sin ser capitalizada y no ha suscrito el convenio concursal.

Hasta el momento el único resultado de extender el concurso de manera ilegal ha sido el deterioro de los activos y que se dejen de percibir recursos federales, porque la empresa sigue ocupando bienes en el AICM sin pagar la contraprestación respectiva.

También subrayó la parcialidad del Juez al conducir de manera ilegal el proceso de concurso mercantil aconsejando y dirigiendo a una de las partes en dicho proceso, esto pese a que el Juez tiene la obligación de actuar objetiva e imparcialmente en todos aquellos asuntos que, por razón de su encargo judicial, conoce. En este el caso particular ha adoptado una evidente postura a favor de intereses particulares.

Lo último se traduce en que su criterio y determinaciones tomadas dentro del procedimiento concursal se vean afectadas de una evidente parcialidad con el único propósito de beneficiar y velar sólo por los intereses de la parte comerciante en contra de demás acreedores.

Adicionalmente, se ha presentado un incidente de recusación en contra del Juez Consuelo Soto en el que solicitamos al Tribunal Unitario que analice el expediente y la actuación del Juez para que proceda a sustituirlo.

El Juez ha realizado manifestaciones públicas que hacen evidente su parcialidad en el proceso concursal. Asimismo, el AICM expresó su deseo de que el proceso de suscripción del convenio concursal culmine exitosamente a la brevedad en los términos en los que la ley de Concursos Mercantiles indica.

erch